MÉXICO, 3 de mayo 2023, UAM

La iniciativa de reducir a cinco días de trabajo por dos de descanso a la semana tendría un efecto positivo para los empleados mexicanos, ya que además de brindar la posibilidad de tener mayor tiempo con sus familias obligaría a los patrones a nuevas contrataciones, declaró el abogado Manuel Fuentes Muñiz, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
 
Una jornada de 40 horas a la semana será adecuada para las personas y sus condiciones de salud, pues en promedio 425 mil trabajadores sufren accidentes relacionados con su función al año, por lo que una reducción significaría una disminución de este tipo de percances, reconoció.
 
En entrevista, el académico del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco ubicó la existencia de dificultades legislativas para la aprobación de esa iniciativa, debido a que se requiere una reforma al artículo 123 de la Constitución, que establece que por cada seis laborales debe haber una de descanso.
 
La modificación no es sencilla, porque el artículo 135 establece que debe haber una mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso de la Unión para poder dar luz verde a la modificación a la Carta Magna.
 
Además de esa primera fase, “más de 50 por ciento de las legislaturas estatales tendría que aprobar la reforma, asunto complicado que, a pesar de haberse aceptado en la comisión respectiva, aún deberá regresar al pleno de la Cámara”, indicó el jurista.
 
Una segunda cuestión a considerar es que desde que se instauró el artículo 123 constitucional quedó establecida la premisa actual de 48 horas por semana.
 
“En México –asentó– a pesar de que se cuenta con la jornada de ocho horas al día, normalmente no se respeta por la ausencia de representaciones sindicales o contratos colectivos, la falta de mecanismos para hacerla obligatoria y de inspectores, lo que hace que en muchos casos el empleado se enfrente en lo individual al patrón”.
 
En el ámbito local se calcula que existen no más de 300 interventores y en el federal son poco más de 500 los revisores que están más dedicados a temas de riesgos ocupacionales; por tanto, de la aprobación de esta reforma constitucional tiene que derivarse una reforma a la Ley Federal del Trabajo.
 
“Pero el problema está trabado en la reforma constitucional, que desde mi punto de vista no sólo bastaría con los cambios, sino que además tendría que derivar en mayor presupuesto a los estados para que vigilen el cumplimento de la norma; sin embargo, también existe la oposición mayoritaria del sector empresarial y del Partido Acción Nacional (PAN) que ha mostrado una negativa para aprobarla”.
 
Fuentes Muñiz destacó que los procesos electorales en puerta impedirán temas legislativos importantes como la reducción de la jornada.
 
Aquellos que se encuentran en el apartado B del sector burocrático, han logrado avances significativos con semanas de cinco días de labor, pero en el ámbito del apartado A, en el que hay más de 21 millones de personas dadas de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Socia (IMSS), la lucha es más ardua debido a que sólo cuatro millones han legitimado sus contratos colectivos y el resto no cuenta con una representación gremial efectiva.
 
El problema más grave es con los no asalariados, cuyos horarios son más largos, se extienden por 10, 12 o 14 horas al día sin que haya un límite, sanción o pagos extraordinarios.
 
Frente a una modificación de esta naturaleza es necesario fortalecer las instituciones de inspección y áreas donde se dé cabida a la denuncia anónima, ya que en general los asalariados no reclaman cuando son afectados sus derechos, pues ponen en riesgo su estabilidad o permanencia en el empleo.
 
“Los trabajadores sólo protestan cuando son despedidos, entonces exigen el pago de horas extras, vacaciones y otras prestaciones, pero cuando están laborando no se quejan, a pesar de las violaciones constantes a sus derechos”, concluyó el especialista.

Fuente: UAM