VENEZUELA, 14 de abril 2021, Aporrea.org

Un diagnóstico imprescindible de la Universidad en Venezuela

La Universidad ha sido fundamental en el crecimiento del pensamiento humano, de las ideas y de los proyectos civilizatorios de cualquier signo. Es justamente por ello que la historia da cuenta del esmero con el cual las distintas sociedades, y especialmente aquellas que han institucionalizado una educación pública superior con distintos niveles de articulación humanística, científica y tecnológica, cuidan sus universidades, independientemente de los fines que orientan el funcionamiento en cada momento histórico.

Las universidades venezolanas han contribuido en las distintas esferas de nuestras vidas ―salud, ingeniería, historia, cultura, educación, territorio y economía, entre otras tantas posibles― al desarrollo de nuestro país. La universidad venezolana es parte de nuestra historia, no en balde la Universidad Central de Venezuela (UCV) cumple 300 años de fundada, 236 años la Universidad de Los Andes (ULA), 130 años la del Zulia (LUZ) y 129 años la de Carabobo (UC). Los hijos de muchas familias de venezolanos, por generaciones, estudiaron en nuestras universidades y se hicieron profesionales para, en los diferentes espacios de nuestro quehacer cotidiano, contribuir al crecimiento de Venezuela.

Sin embargo, hoy en día en Venezuela se presenta el fenómeno opuesto. Más allá de las responsabilidades internas, que ciertamente las hay, es público y notorio el hecho de que el gobierno de Nicolás Maduro desprecia a las universidades, y las condena, como nunca antes en nuestra historia, a un deplorable estado de marginación caracterizado por:

• Una asfixiante limitación de recursos financieros en todas las partidas presupuestarias que no garantiza un mínimo funcionamiento.
• La pulverización de los sueldos y salarios de su personal, que con absoluta seguridad son los más bajos del mundo, sin mencionar la progresiva y sistemática extinción de la seguridad social a todos los niveles.
• La eliminación, en la práctica, de las imprescindibles providencias estudiantiles y pulverización de las becas destinadas a este sector.
• El total abandono de las áreas internas, tomadas hoy por el hampa común, que las está destruyendo en lo físico, en sus laboratorios, en sus salones de clase, en sus bibliotecas, en sus equipos de informática.
• Una situación de depauperación y degradación que avanza inercialmente hacia su disolución, cuyo resultado inmediato y probablemente el más lamentable, es la pérdida del talento que es el tesoro más preciado de este tipo de institución: con salarios que no llegan a ocho dólares mensuales para el caso de los profesores de máximo escalafón. Es común hoy en día, por un lado, encontrarse con profesores universitarios que han emigrado y en la actualidad desarrollan las actividades docentes y científicas que antes realizaban en Venezuela, en instituciones de otros países; y a otros que deciden cambiar su actividad académica por una diferente que mejore sus ingresos para el sustento familiar. La migración de universitarios, que se extiende también al sector de administrativos, se convierte en una muy rápida transferencia gratuita hacia el exterior, sobre todo hacia países desarrollados, de nuestra riqueza nacional, acumulada por décadas y décadas de esfuerzo de país. Hoy en las universidades venezolanas es casi inexistente el ingreso de personal de relevo; prevalece un acelerado envejecimiento de la planta profesoral, que además ha perdido su seguridad social y las condiciones necesarias para su función académica: imposibilidad de intercambios con sus pares de otros países, grandes dificultades para acceder a literatura actualizada, deterioro y obsolescencia de equipos e imposibilidad de renovarlos; constantes limitaciones de acceso a los servicios eléctrico y de internet; incapacidad de cubrir el sustento básico familiar de alimentación, salud, vivienda, vestido y recreación, entre otros.
• Migración masiva de estudiantes y nuevos profesionales al extranjero. Los alumnos que continúan cursando sus estudios, en un gran elevado planifican su salida del país apenas se gradúen. Hay, además una pérdida de matrícula de aquellos que no han culminado sus estudios y se ven forzados a retirarse por razones de índole socioeconómica, fundamentalmente, y de la matrícula de inicio, que son estudiantes que logran el cupo pero no se inscriben. La universidad pública venezolana, pierde así el talento joven indispensable para el desarrollo nacional.
• La negación de recursos para la investigación científica, en el presupuesto universitario impuesto por el Ejecutivo nacional, ha imposibilitado la participación de los investigadores en eventos científicos internacionales, la actualización de equipos, el intercambio académico, la formación en el exterior, la adquisición de servicios tecnológicos y literatura actualizada, la suscripción a bases de datos, revistas científicas y redes internacionales de investigación, el fortalecimiento de nuestras revistas científicas que hoy sobreviven por el trabajo meritorio de sus editores/as, todo lo cual impacta negativamente en la producción y divulgaciòn de conocimientos y publicaciones, esencial al concepto de universidad.
• A ello se agrega el impedimento gubernamental, impulsado a través del Tribunal Supremo de Justicia para cumplir con un requisito fundamental para la democracia y la renovación universitaria como es la elección de sus autoridades, a pesar de que la autonomía universitaria está consagrada tanto en la Constitución de 1999, como en la Ley Orgánica de Educación. De la misma manera, a través del Consejo Nacional Electoral, se ha impedido la realización de elecciones en la mayoría de las federaciones gremiales y sindicales, de profesores, empleados y obreros, lo cual las ha debilitado, al impedir el relevo y frustrar la incorporación de nuevos conductores a los cargos directivos, que se van reduciendo por razones naturales o por renuncias, todo lo cual compromete su capacidad de acción frente a la debacle institucional y la crisis universitaria.
• Las autoridades electas tienen vencido por casi una década el período original para el cual fueron electas, con el consiguiente deterioro de su gestión.  Con el paso del tiempo, el equipo rectoral se han desintegrado por renuncias, enfermedad o fallecimiento de alguno de sus integrantes, lo que ha sido aprovechado por el gobierno para imponer autoridades, valiéndose de un viejo reglamento del CNU, que quedó sin efecto con la aprobación de la constitución vigente.  Las autoridades decanales tampoco han podido celebrar elecciones y son nombradas por los consejos universitarios.  La representación profesoral a los cogobiernos, cuyo período culminó hace muchos años, no se ha podido renovar y la falta absoluta de alguno de sus miembros solo puede ser sustituida por los suplentes, opción ésta que también se ha agotado en muchos casos. Los miembros de gobierno y cogobierno universitario se han visto así obligados a mantenerse en los cargos para sostener la institucionalidad, e impedir nuevas intervenciones. Esta situación ha debilitado significativamente la gobernanza en la Universidad, cuyo liderazgo institucional no se muestra hoy capaz de detener su decaimiento progresivo. De ahí la urgencia de renovación del liderazgo universitario.
• El gobierno venezolano estimula la desaparición de las carreras humanísticas y sociales, cuando establece, a contracorriente de lo pautado en la Constitución y la Ley de Universidades, 145 carreras prioritarias para el 2021, supuestamente relacionadas con la economía productiva y las necesidades de formación de la Nación, negando la indispensable noción multidisciplinaria que requiere cualquier proyecto productivo, donde las visiones histórica, geográfica, social y cultural son tan importantes como la visión científica y técnica para garantizar su viabilidad. Esta política regresiva del gobierno ignora el aporte humanístico, además del científico, fundamental de las universidades para el desarrollo nacional y viola la autonomía académica garantizada por la Constitución vigente.
• La pandemia agrava y acelera el proceso de destrucción institucional que ya estaba en desarrollo.

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Fuente: Aporrea.org