En Uruguay se ha disparado el número de mujeres privadas de libertad a raíz del microtráfico de drogas y hoy es la primera causa de encarcelamiento de mujeres. Esto demuestra el impacto diferenciado por género de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que agravó las penas de prisión en estos casos, especialmente los relacionados con la introducción de drogas en los establecimientos penitenciarios.

URUGUAY, 14 de febrero 2023, Udelar

El Portal de la Udelar dialogó acerca de este tema con Martín Fernández,  docente grado 2 de Derecho Penal de la Universidad de la República (Udelar), diplomado en políticas de drogas del Espacio Interdisciplinario (EI) de la Udelar, abogado penalista e integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. 

Penalización en aumento y con sesgo de género

Fernández destacó que el tema de estupefacientes y los casos de introducción de sustancias a los establecimientos carcelarios tienen un importante sesgo de género, lo que explica que este aumento de las penas haya impactado fundamentalmente en las mujeres. Se observan especialmente en aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad con respecto a sus ex parejas o hijos encarcelados, muchas de ellas son jefas de familia y frecuentemente víctimas de amenazas de represalias contra sus familiares encarcelados si no introducen las sustancias en el establecimiento. Es común por tanto que estas mujeres ingresen al sistema carcelario por cuestiones de exclusión y por numerosas presiones de su entorno. 

Aunque existe la posibilidad de que no se dicte  una privación de libertad para una mujer porque esta tenga niños a cargo, para Fernández desde la perspectiva de género reafirma la idea equivocada de que «si una mujer es madre puede estar en su ámbito domiciliario y si no es madre tiene que estar privada de libertad».  En cuanto a la situación de niños y niñas que conviven con sus madres en los establecimientos penitenciarios Fernández señaló que «han surgido iniciativas que tienden a generar mejores condiciones para ellos dentro del sistema carcelario, pero obviamente son víctimas de la situación, no son actores y están expuestos a mayores niveles de violencia y de alguna manera en la forma en que viven están reproduciendo la lógica carcelaria». «Por supuesto que es importante que estén junto a su madre pero también pensar estas cuestiones de cómo se da esta lógica», añadió.

La LUC, además del aumento de penas para casos de microtráfico estableció una pena mínima de cuatro años por la introducción de sustancias en el establecimiento penitenciario, eliminó las posibilidades de sanción alternativa e incorporó modificaciones en el régimen de redención de penas por trabajo y estudio, quitando esta posibilidad o disminuyéndola. «Este cambio es negativo desde el punto de vista penitenciario porque el trabajo y estudio siempre terminan siendo un vehículo interesante para lo que se supone que debe hacer el sistema penitenciario de acuerdo al mandato constitucional que es  reinsertar a las personas», señaló Fernández. «El abordaje del microtráfico crece y aumentan las penas y por otro lado en el caso del narcotráfico no parece que el sistema se comporte de manera eficaz», añadió.  

Acotó que esta Ley vino a consolidar una serie de reformas legales que se venían llevando adelante en la legislatura anterior, en especial vinculadas al código de proceso penal cuando por ejemplo hizo obligatoria ante estos casos la solicitud de prisión preventiva por parte del fiscal lo que genera una verdadera distorsión en el proceso acusatorio, generando «un clima político criminal más adverso» con respecto a este tipo de situaciones, que ha impactado mayoritariamente en la población de mujeres. Apuntó que además Uruguay ratificó todos los instrumentos internacionales de Derechos Humanos vinculados a la protección de niñas, niños  como la Convención de los Derechos del Niño y Mujeres en situación de privación de libertad, como lo hace siempre, «pero luego no legisla en consecuencia». Uno de estos instrumentos son las reglas de Bangkok, que establecen medidas alternativas para mujeres en privación de libertad. «Esto claramente la LUC no lo respeta porque impacta de manera diferenciada, entonces a excepción de la prisión domiciliaria, para la que es necesario acreditar rigurosamente las causas de la necesidad de esta medida, no hay sanciones alternativas que contemplen la integridad de los niños y que no estén insertas en la lógica carcelaria», apuntó.

«La legislación penal no siempre es racional y en el caso de la vinculada a drogas, a estupefacientes, menos aún», afirmó.  Añadió que cuando se sancionó la ley 19172 en Uruguay, que regula el mercado de cannabis, al mismo tiempo también se aprobó la ley 19007 que es la que incrementa la pena llevándola a un mínimo de tres años, en los casos en los que la sustancia involucrada fuera pasta base de cocaína. 

«Hay que quitar el peso del sistema penal sobre este tema de las drogas», sostuvo. Con respecto a la mayoría de  los establecimientos carcelarios  apuntó que «poner a una persona en un período de abstinencia en este lugar es dejarla en el más absoluto abandono, expuesta a más cantidad de sustancias, a más violencia y a participar allí de un intercambio del que luego se cobran las cuentas en perjuicio de sus familiares y de su propio cuerpo y su vida», destacó.

«Proceso de degradación legislativa»

Fernández indicó que la criminalización de sustancias en Uruguay se enmarca en el surgimiento internacional del modelo de control del prohibicionismo que tiene que ver con la utilización del derecho penal, del castigo, de un emergente moral que depende de la sustancia, «el consumo de alcohol y de tabaco está mejor visto  por la sociedad que el de otras sustancias». Destacó que la criminalización de estas sustancias no siempre existió en el país, las figuras del código penal uruguayo de 1889 o de 1934  relativas al consumo de sustancias estaban enfocadas en aquellas que entendían que afectaban a la salud pública, en este sentido la cocaína estaba regulada en Uruguay. A nivel internacional recién a partir de 1961, cuando se aprobó la Convención de Viena vinculada a sustancias y se empieza a legislar sobre el tema y en el país es a partir del DL 14294 en la época de la dictadura. 

Recordó que en el país hubo un cambio de paradigma desde el punto de vista legislativo cuando se aprobó la  regulación vinculada al mercado de cannabis, «Uruguay se transformó en pionero en una política de drogas alternativa que iba por el lado de la regulación integral del mercado». No obstante entiende que, luego de esta nueva política de drogas que a través de la Ley 19172 creaba el Instituto de regulación y control de cannabis y de la impronta que incorporó la Junta Nacional de Drogas en todos sus períodos de actuación, el país se frenó en esta línea de cambios y se está dando «un proceso de degradación legislativa en el tema de drogas». Añadió que en Argentina comenzó mucho después en la regularización del cannabis y ya tiene un camino mucho más largo recorrido en varios aspectos por ejemplo en el vinculado al cannabis medicinal. 

«La política de drogas puede tener muchas aristas, muchos brazos del Estado trabajando, uno de ellos es la justicia penal que es la que debe reservarse para las cuestiones más graves», sostuvo. Añadió que esto es precisamente lo que no se está entendiendo en la actualidad, la justicia penal es la primera que se usa y a la que llega la población que está más expuesta al sistema penal, a la asistencia de control, a la policía, al sistema carcelario «y eso genera numerosos procesos de encarcelamiento masivo, que no son buenos en una población y menos en un sistema carcelario tan empobrecido y vulneratorio de Derechos Humanos como el que tenemos», afirmó. 

En este sentido señaló que existe una serie de combinaciones posible que la LUC eliminó, no se trabaja en la parte alternativa al encierro y eso genera numerosas violaciones a los Derechos Humanos, no solo de los privados de libertad sino también de las personas que trabajan en el sistema carcelario, «porque no es lo mismo trabajar con 30 personas que con 650», puntualizó. «El recurso fácil del aumento de las penas, lo único que hace es generar más intervenciones arbitrarias del Estado, más población privada de libertad, menos recursos para jóvenes o adolescentes que tengan un uso problemático de sustancias», añadió.

Señaló que esta política de drogas que hace hincapié en el sistema penal, viene llevándose adelante desde hace años sin resultado, «este es un fracaso, tras fracaso, tras fracaso y cada vez está peor». Consideró que en ninguna otra área de gestión, «se le perdona a un gobierno que no tenga resultados positivos, que se equivoque tanto, en cambio en este tema pasan gobiernos y la medida de incrementar la sanción penal más allá de que se sabe que no da resultados, siempre está presente». En cuanto a normativa comparada en la materia, Fernández señaló que Uruguay es muy original en el retroceso de medidas alternativas que tuvo el país en la política de drogas ya que el mundo está tratando de impulsar modelos alternativos al encarcelamiento. 

Alternativas a la privación de libertad

Fernández entiende que  en este tema es necesario apuntar a  un cambio de paradigma y que «las alternativas a la privación de libertad no significan que no haya un reproche, un castigo, pero pueden permitir a las instituciones del Estado, trabajar con la persona en libertad o con ciertas restricciones como en el caso de los arrestos nocturnos». 

Considera que quienes gobiernan y legislan no entienden que el fenómeno de las drogas no es un fenómeno de un país, sino que se da en todo el mundo y obedece por tanto a lógicas mundiales, financieras, geopolíticas, políticas, está por encima de lo que Uruguay «puede definir por sí y ante sí». Sostuvo que luego de entender esto es necesario plantearse la pregunta: «¿qué es lo que yo puedo hacer para modificar mi realidad?».

Sostuvo que cuando se coloca en manos de un mercado ilegal, determinada sustancia «que la gente quiere y tiene derecho a consumir», el mercado ilegal no tiene un recurso legítimo para reclamar por los incumplimientos por tanto recurre a su principal herramienta, la violencia. «Esto determina que el mercado ilegal quiera y necesite mostrarse violento, entonces el problema es la existencia del mercado ilegal», subrayó. «Cuanto más insistamos en poner estas sustancias en manos de la violencia, más violencia vamos a tener», acotó

Explicó que «la idea de que si se regula una sustancia va a crecer el consumo de la misma está en el imaginario de los gobernantes pero no necesariamente es la realidad. «La regulación lejos de generar más usuarios, lo que hace es generar personas que utilizan sustancias de las que se conocen sus efectos y sobre las que las instituciones de investigación pueden trabajar», afirmó.  

Apuntó que «para reducir la violencia asociada al narcotráfico lo que hay que hacer es disminuir el espacio de ilegalidad, avanzar en políticas regulatorias». Recordó que existen experiencias anteriores en Uruguay en este sentido, en 1930 mientras Estados Unidos aplicaba la Ley Seca que prohibía el alcohol Uruguay creaba ANCAP para producir y regular el alcohol. «Hoy tenemos un mercado de sustancias que hemos puesto en la ilegalidad pero eso no hace que estas desaparezcan. El control en vez de tenerlo el Estado lo tiene el narcotráfico, el Estado genera una ilusión de control pero no controla nada y termina encarcelando a los más pobres», apuntó.

Indicó que algunas de las líneas a las que debería apuntar este nuevo modelo serían disminuir la intervención penal, trabajar más en modelos de reducción y gestión de riesgos y daños, generar información y dispositivos sanitarios que respete a las personas que llegan a ellos con un consumo problemático y crear lugares para hacerlo que no piensen solo la internación sino también modelos intermedios de acompañamiento, estrategias terapéuticas de avanzada para las cuales existen capacidades intelectuales en el país, lo que faltan son recursos. De todas formas entiende que cuando se disminuye la intervención penal los recursos están porque se utiliza mucho dinero para llevar adelante todo el proceso penal en cada situación, recurso que se podrían utilizar en estas medidas alternativas y en salud pública.

Entiende que las penas no desestimulan a las personas a vincularse con sustancias. Es necesario preguntarse: «¿El sistema actual le está dando respuesta a los jóvenes o adolescentes que consumen sustancias como la pasta base? ¿Está impidiendo que los  jóvenes o adolescentes accedan a determinadas sustancias? ¿Está trabajando en la salud mental de esos jóvenes o  adolescentes?». «La respuesta a estas preguntas es no», afirmó. «En este momento no damos a basto ni con las cárceles ni para atender a las personas que están en situación de calle y tienen un uso problemático de sustancias, ni para nada», resaltó. «Es una política que está agotada, hay que cambiarla», reafirmó. «Otro modelo es posible, Uruguay transitó por otras instancias en las cuales no era tan fuerte la intervención penal y no hubieron malos resultados», concluyó.

Generar conocimiento

Fernández resaltó que es fundamental generar conocimiento científico acerca de estas sustancias, su composición, dosis, efectos, etc. En ese sentido explicó que «Investigar acerca de este tema en Uruguay es muy difícil  por las numerosas trabas burocráticas que existen para acceder a las sustancias, cuando esta investigación debería facilitarse desde el Estado, para que las personas conocieran sus efectos y las dosis correctas». Señaló que en el tema de drogas el discurso que prima se vincula con la protección de la salud pública, no obstante se deja este tema en mano de personas a las que no les interesa la salud de la población. «Es al Estado al que le interesa que la persona sepa cuánto va a consumir porque si consume de más puede sufrir una sobredosis, la concentración, el tipo de sustancia, que no esté adulterada, al mismo tiempo que realizar campañas de uso responsable, instrumentar lugares para que las personas que estén cursando un consumo agudo o crónico puedan atenderse». 

«¿Sirve seguir en este camino de incremento de penas, de dejar las sustancias que las personas quieren y tienen derecho a utilizar, en manos de un mercado negro o hay que avanzar en los caminos de la regulación?», reflexionó. Añadió que es una discusión muy importante y la Udelar genera mucho conocimiento acerca del tema, tanto en enseñanza como en investigación. En este sentido recordó que en la Facultad de Derecho a partir de 2022 se comenzó a dictar la materia optativa Derecho penal y política criminal de las drogas a cargo del Prof. Diego Silva. «Esta es una apuesta de la Facultad a generar conocimiento para que los futuros abogados apliquen las  normas desde un paradigma de los derechos humanos, de la salud pública y relacionado con el respeto a la autonomía de las personas», expresó.

Fernández entiende que «es necesario superar el escalón que actúa como traba para el cambio y pensar cuál es el mejor sistema». Plantea que esto no es algo que pueda pensar un abogado sólo, sino en conjunto con otras áreas del conocimiento, la sociología, la química, la antropología, la medicina, psicología y psiquiatría etc . Recordó que  la Udelar tuvo una experiencia muy interesante en el Espacio Interdisciplinario con la implementación de una formación de Diploma en política de drogas en la que se logró crear una importante masa crítica de personas de diversos ámbitos.

«Todas estas iniciativas deben confluir en un acuerdo que genere condiciones para cambiar, que es lo que no se está logrando», reflexionó. «Si no logramos proteger de verdad a estas personas en el sentido de darles espacio para transitar un tratamiento o para que puedan moderar su uso problemático, lo que estamos haciendo es desprotegerlas», concluyó.

Fuente: Udelar