La DDU de la UAM organizó la reunión general de la red contra violencia de género en las IES

MÉXICO, 9 de junio 2022, UAM

Las defensorías de los derechos universitarios tienen la obligación de promover y proteger las garantías humanas no sólo de la comunidad estudiantil, sino también de los académicos y trabajadores administrativos, planteó la doctora Urenda Queletzú Navarro Sánchez, presidenta de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios (REDDU).

La doctora en Humanidades por la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) participó en la reunión general de Reconstruir, red contra la violencia de género en las instituciones de educación superior, que fue organizada por la Defensoría de los Derechos Universitarios de esta casa de estudios.

Esas instancias tutelan todos los derechos universitarios contemplados en la normativa y por tanto también deben garantizar la equidad y combatir la violencia de género sin necesidad de reformas para incluir esos preceptos.

A pesar de que uno de los principios para regir su actuación es gozar de autonomía plena, muchas de esos espacios de justicia dependen de la rectoría, lo que limita decisiones operativas técnicas y condiciona la independencia. 

Por ello, “debemos exigir que esos organismos sean reconocidos dentro de la normativa que rige en las instituciones y la REDDU pide que en la Ley General de Educación Superior se establezca que las defensorías sean autónomas e independientes”.

Navarro Sánchez enfatizó que la accesibilidad es importante para que los servicios estén al alcance de la comunidad, por lo que debe habilitarse la denuncia electrónica, realizar visitadurías generales de inspección y verificar su continuidad. 

“Los contextos políticos adversos representan un reto para las defensorías puesto que a las autoridades no les agrada que revisemos los casos y los procesos de señalamientos, por eso se han removido defensores en contextos políticos hostiles e incluso se han cancelado oficinas”.

Otro problema de estas instancias es la falta de recursos presupuestales que dificultan su trabajo. En algunos casos sólo están integradas por el defensor y otra persona, en tanto que también hace falta que se legisle el reconocimiento normativo como instancias garantes de los derechos humanos.

“Las primeras defensorías de derechos universitarios son antecedentes de las comisiones estatales y nacional de derechos humanos. La referencia más antigua de organismos defensores es el de la UNAM, que comparte el momento de creación con la Universidad Complutense de Madrid en 1985”.

Inicialmente, “al no existir la reforma de derechos humanos en México el trabajo se centraba en corregir los abusos de autoridad e institucionales que no estuvieran apegadas a derecho o a parámetros de legalidad dentro de las instituciones de educación superior. Ese mandato era restrictivo, pero en los últimos años muchas defensorías han tomado el mandato para conocer la violencia contra las mujeres”, enfatizó.

La abogada señaló que en San Luis Potosí la defensoría nació en 2016 con la atribución de conocer sobre la violencia hacia las mujeres, aunque aún hay defensorías que no conocen de este tipo de casos y solamente limitan su actuación a los derechos universitarios.

La doctora Guadalupe Barrena Nájera, Titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM, dijo que en la máxima casa de estudios ésta nació en 1985 siendo rector el doctor Jorge Carpizo. 

“La defensoría se ha desarrollado de forma discreta, pues 98 por ciento de sus actuaciones no se registra en los expedientes pues nuestro objetivo es aportar ideas de solución a situaciones que pueden estar fuera del marco normativo de la institución o constitucional.”

En pláticas con personas para conocer la forma de trabajo de la defensoría encontró divergencias de cómo enfrentaron los conflictos e incluso para algunas autoridades quedaba una sensación que la defensoría ejercía un dedo flamígero. 

“En la UNAM vivimos una suerte de federalismo colaborativo en el que el poder está distribuido en docenas de autoridades. Desde su creación, la defensoría mantuvo su marco jurídico estable y hasta 2020 hubo modificaciones a su normatividad, diez años después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en México. Tenemos el estatuto de la defensoría del año 2020 con un Estatuto General que data de 1946”.

Vista la legislación universitaria a la luz del derecho constitucional, “sacamos chispas por ciertas dificultades de correspondencia jurídica, pero siempre tenemos que encontrar la forma de plantear soluciones a los asuntos que atendemos. 

Desde el origen de la defensoría está claramente planteado su independencia y rinde cuentas al Consejo Universitario. Por ello, si ésta emite una recomendación y no es aceptada entonces puede recurrir la Comisión de Honor de dicho órgano. 

La jurista explicó que en el nuevo estatuto se creó un consejo consultivo que puede ser un auxiliar importante en el cumplimiento de sus tareas. En el protocolo de atención de la violencia la abogacía general generó una oficina de género, que en 2020 de manera acertada pasó a formar parte de la defensoría.

La doctora María Guadalupe Huacuz Elías, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM, valoró la pertinencia del trabajo de estas instancias y reconoció que su papel en las instituciones educativas representa un pilar central para empezar a coadyuvar en la resolución de los casos y la promoción de la cultura de la no violencia, así como la creación de espacios para la paz en las universidades.

Fuente: Boletines UAM